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Ese rezago de las municipalidades también se manifiesta en el hecho de que 43 no disponen
de manuales de organización y funcionamiento, y 33 no cuentan con estructuras organizativas
actualizadas y ajustadas a sus necesidades y visión institucionales que les facilite el logro de
sus cometidos.
En los últimos 5 años (2004-2008) ha existido una importante inversión de recursos en los
gobiernos locales, que en total se estima en más de ¢1.100 millones, con el fin de proveerlos
de herramientas básicas que les permitan instaurar adecuados procesos para la gestión de
su recurso humano y ajustar y modernizar sus estructuras organizativas de acuerdo con sus
necesidades reales y requerimientos del entorno, sin embargo, persisten debilidades en esas
áreas del quehacer municipal, las que adicionalmente a otras limitaciones, no les permiten
superar con facilidad su rezago en ese campo, cuya mejora es imprescindible para el
fortalecimiento institucional.
Pese a esas oportunidades de mejora, las administraciones municipales no han realizado los
esfuerzos necesarios para adaptar esas herramientas a las particularidades de cada una,
aunado al poco respaldo y compromiso del jerarca para aprobarlas y ordenar su
implementación, así como a problemas de coordinación y comunicación interna, todo lo cual
provoca que las municipalidades no aprovechen debidamente las asesorías y colaboraciones
recibidas, cuyos productos, aun cuando por lo general no son de acatamiento obligatorio, se
están recibiendo en forma gratuita, e involucran una importante inversión de recursos
públicos y privados, así como esfuerzos significativos por parte de las organizaciones que
desarrollan los diferentes proyectos en aras del fortalecimiento municipal.
Finalmente, en cuanto a la problemática de la disposición final de los residuos sólidos como
uno de los principales servicios de las corporaciones municipales, la CGR realizó un análisis
nacional sobre la temática, teniendo presentes sus repercusiones en la eficiencia de la gestión
municipal y el impacto en las finanzas públicas, el ambiente y la salud; incluyendo a los
diversos actores públicos y privados. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, a
pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la disposición final de los residuos
sólidos en el país continúa siendo un problema crítico en las regiones que se encuentran
fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
De las municipalidades fuera de la GAM, 32 realizan la disposición final de los residuos en
vertederos o botaderos a cielo abierto, que operan en 21 fincas de propiedad municipal y 11
propiedades privadas que se alquilan o son prestadas a los ayuntamientos, en condiciones
totalmente inapropiadas, al margen de las regulaciones existentes, ocasionando
contaminación de suelo, aguas subterráneas, afluentes y ríos cercanos, y aire; por la ausencia
de control sobre los lixiviados y gases que se producen por la descomposición de los residuos.
Dentro de la GAM, a pesar de que 29 de las 31 municipalidades que la conforman, depositan
los residuos sólidos en 4 rellenos sanitarios privados que cumplen con los requerimientos
sanitarios establecidos, se observa un riesgo potencial que podría afectar las finanzas públicas
si no se fortalecen los mecanismos de control de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA) y del Ministerio de Salud sobre los procesos de cierre y post-cierre de aquellos sitios
que están llegando al límite de sus capacidades.