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Las mayores debilidades de estas entidades para ejecutar sus presupuestos se concentran en
la parte de los egresos, como es el caso del AyA, que solo pudo gastar el 79,7% del total de
su presupuesto.
Estas deficiencias en materia de ejecución se incrementan cuando se trata del presupuesto
asignado a inversiones. En el 2009, el caso de RECOPE y del AyA llama la atención, dado que
sólo pudieron utilizar el 68,1% y el 52,9% de los recursos asignados a inversiones,
respectivamente. La baja ejecución física y financiera en la mayoría de los proyectos de
inversión, es un comportamiento general y recurrente en la mayoría de estas instituciones,
desde varios periodos atrás; pero que se vio notoriamente acentuado en el 2009. Esto es
preocupante porque a las dificultades iniciales que enfrentan para conseguir recursos que le
den contenido financiero a los proyectos, hay que agregar las deficiencias en su ejecución.
Estas situaciones ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales y la
satisfacción de las necesidades de los habitantes del país.
Los argumentos de las instituciones para justificar estos resultados van desde las apelaciones
que enfrentan los procesos licitatorios, expropiaciones, permisos ambientales, variaciones en
las especificaciones técnicas y de diseño, ampliación de plazos para las adjudicaciones,
viabilidad financiera y económica, hasta falta de disponibilidad de personal técnico fijo. No
obstante, estudios realizados por la Contraloría General le han permitido determinar que
también existen debilidades internas en los procesos de las Administraciones que inciden en
los atrasos y afectan la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión. Aún
así, resulta importante mencionar la incidencia que tuvo en estos resultados, la menor
cantidad de recursos que ingresaron provenientes de financiamiento externo, y de los cuales
no se aplicó la correspondiente reducción en el presupuesto de ingresos.
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Sector Ambiente
El Sector Ambiente tuvo como principales ejecutores presupuestarios en el 2009 al MINAET,
el FONAFIFO, su Fideicomiso N° 544, el SINAC y el Fondo de Parques Nacionales. Todos ellos,
en conjunto, utilizaron el 51,8% de los recursos que tuvieron disponibles (¢68.498,4
millones). No obstante esa insuficiente ejecución, que dejó recursos ociosos a pesar de las
necesidades que enfrenta el Sector, dichos entes fiscalizados reportaron importantes logros
en el cumplimiento de las metas establecidas. Esos resultados hacen suponer la existencia de
deficiencias en los procesos de planificación y presupuestación institucional, lo que amerita
una revisión a fondo por parte de los entes involucrados, y también de MIDEPLAN y MINHAC,
como rectores de las materias respectivas.
La fiscalización posterior realizada en el 2009 también permitió a la CGR determinar
debilidades de gestión del SINAC y del MINAET en el resguardo del Patrimonio Natural del
Estado.
En ese sentido, se determinó, por ejemplo, que el SINAC no ha efectuado la anotación de
limitaciones y la inscripción del Patrimonio Natural del Estado en el Registro Nacional, ni ha
establecido un catastro forestal, acciones a las que le obliga la Ley Forestal y su Reglamento.
Además, las certificaciones del Patrimonio en ocasiones resultan imprecisas, debido a que