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Un análisis del comportamiento de la asignación presupuestaria y su ejecución en 2006 y
2009, permite determinar que el gasto ha estado enfocado a los rubros de “Servicios de
policía”, “Centros de Reclusión” y “Justicia”, que la asignación acumulada de recursos para
esas funciones, muestra una marcada tendencia de crecimiento en términos nominales,
hasta alcanzar inclusive en 2009 la suma de ¢216.229 millones; no obstante, en términos
reales la asignación de recursos a esas funciones muestra un crecimiento más discreto. A
esto se agrega la existencia de una significativa subejecución de recursos experimentada en
la función “servicios de policía” en el período objeto de análisis, siendo por ejemplo que para
el año 2008, dicha subejecución alcanzó el 14,5% del presupuesto lo que equivale a
¢12.678,2 millones y un 11,1% en el año 2009 que equivale a ¢11.988,8 millones.
En la situación comentada prevalece el hecho de que en la realidad el incremento de puestos
policiales propuesto por las autoridades de gobierno obedece más a un postulado cuantitativo
contenido en el PND que a un estudio específico que contenga la definición de indicadores
sobre la cantidad de funcionarios policiales que efectivamente requiere el país
En conclusión, sobre los recursos asignados, se tiene que si bien en términos nominales
muestran una orientación de crecimiento, tal incremento no constituye un incremento real y
más bien es la consecuencia del efecto inflacionario del presupuesto, siendo que la tendencia
de crecimiento en términos reales para esos recursos resulta casi imperceptible. Asimismo, la
liquidación del presupuesto señala una subejecución importante de recursos en las funciones
señaladas y el incremento de plazas policiales obedece más a un postulado cuantitativo
contenido en el PND que a un estudio específico que contenga la definición de indicadores
que permitan determinar la cantidad real de efectivos requeridos.
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Inadecuadagestiónde las entidades del Sector de Infraestructura
y Transporte y su impacto
La calidad en la infraestructura de transporte, en sus diferentes modalidades es un elemento
fundamental para el crecimiento económico y social de un país. Para lograrla es necesario
que las entidades que la desarrollan cuenten con una adecuada capacidad institucional,
entendida ésta como la disposición de estructuras orgánicas, procesos y potencial humano
necesarios para desarrollar de manera eficiente, eficaz y económica esa infraestructura.
Frente al rezago que posee Costa Rica en esta materia, en los últimos años se han emprendido
algunas obras y se han destinado mayores recursos al mejoramiento de la infraestructura; sin
embargo, la realidad ha mostrado que las entidades aglutinadas en el Sector Infraestructura
de Transporte no tienen la capacidad de ejecutar dichos recursos en forma eficaz. La
Contraloría General ha emitido informes sobre este particular, que de una u otra forma
alertan sobre la necesidad de fortalecer esa capacidad institucional.
En el MOPT persisten las debilidades en el ejercicio de la rectoría del Sector. La falta de
consolidación de esa función ha significado que, año tras año, se le sigan trasladando
recursos financieros sin que se logren impactos significativos dentro de la infraestructura de
transporte, puesto que, cantidades importantes de éstos se están utilizando, por ejemplo,
para el mantenimiento de la red vial cantonal, competencia asignada a los diferentes