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población costarricense, a pesar de los esfuerzos realizados por el sector Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito…”
.
1
A pesar de la relevancia del problema, en un lapso de casi 16 años la reacción del Estado ha
sido ineficaz para lograr disminuir las cifras de criminalidad y de percepción de la inseguridad.
Desde una perspectiva más amplia, en virtud de que la violencia y la delincuencia están
asociadas a factores económicos y sociales, la magnitud de la problemática de la inseguridad
ciudadana trasciende el tema policial, judicial y carcelario y obliga, además, a una visión y
atención integral por parte del Estado de los factores que incrementan el riesgo de que una
persona se convierta en delincuente o sea victimizada. Concuerda esta Contraloría con que
el problema debe abordarse de manera integral y sostenible, y no como se ha hecho hasta
ahora; adoptando un conjunto de medidas aisladas y asistemáticas caracterizadas por atacar
el problema a partir de un proceso de aprobación de leyes que conllevan el endurecimiento
de las penas y la tipificación penal de nuevas conductas delictivas; ajustes al sistema de
justicia penal y modernización del Poder Judicial y la contratación de más policías; lo que ha
dejado de lado otras aristas de la problemática.
Es indispensable como lo plantea el PNUD
2
, propiciar el clima que de manera unánime genere
la voluntad política que permita establecer un sistema institucional bien diseñado y estable,
esfuerzo que podría implicar la posibilidad de que se constituya una entidad superior, con
legislación particular, que involucre a funcionarios de alto nivel de los poderes del Estado, y
que tenga a cargo la planificación estratégica y la emisión de políticas en aras de la integración
de esfuerzos y trabajo sistemático de los diferentes sectores y actores de la sociedad civil,
que pueden coadyuvar en la solución de la problemática. De acuerdo con este organismo
internacional, Costa Rica tiene las condiciones para realizar una reforma como la propuesta
en el sentido, de que es un país con cohesión social, y respetuoso del estado de derecho,
fortalezas que deben ser aprovechadas para revertir los referidos indicadores de criminalidad.
No obstante en materia de seguridad ciudadana no existen soluciones óptimas ni programas
estándar; por el contrario la inseguridad es un asunto dinámico y cambiante que requiere
respuestas inteligentes y oportunas por parte de todos los afectados ante ciertas amenazas
y en situaciones o contextos muy particulares
3
. En ese sentido la concertación y el diálogo
de los distintos sectores de la sociedad y el Estado, resulta un requisito de obligatorio
acatamiento para la solución del problema, bajo un esquema de política integral.
Por tanto, precisar y corregir las incapacidades institucionales y coyunturales que puedan
limitar una solución integral y sostenida de la problemática
4
, constituyen un reto que el
gobierno entrante debe asumir, para lograr una mejora sostenida y generalizada en materia
de seguridad ciudadana.
1
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Informe de Evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo 2009. Año 2010. Pág. 165.
2
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano para América Central
2009-2010. Octubre 2009. Página 264.
3
Ibidem. Página 255.
4
Estado de la Nación. El dilema estratégico de la seguridad ciudadana y el estado democrático de derecho. Estado
de la Región 2008. Página 507.