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d) En relación con el tema de los pasivos, destaca la eliminación de las deudas del
Gobierno con el FODESAF, por un monto de ¢786.021,2 millones, amparada en
un criterio jurídico de la STAP. Al respecto, esta Contraloría considera que tal
operación no resulta procedente y que debe ser revisada y ajustada conforme
corresponda. Un análisis detallado de este caso se presenta en las páginas 116
y ss. de la Memoria Anual 2009.
En relación con los estados financieros consolidados, existen algunas situaciones que afectan
la consolidación de dichos estados:
a) Las instituciones públicas utilizan en su mayoría una base de registro contable
de efectivo y no con base de devengo.
b) La Unidad de Consolidación de la Contabilidad Nacional no cuenta con un
Sistema Informático que permita que el proceso de consolidación de los estados
financieros sea ágil, oportuno, veraz y eficiente, por lo que este trabajo se
continúa realizando de forma manual.
c) El recurso humano asignado en la Unidad de Consolidación de la Contabilidad
Nacional no es suficiente para ejecutar óptimamente dicho proceso. Igualmente,
en algunas instituciones existen limitaciones importantes de personal, suficiente
y capacitado, para llevar a cabo el proceso de preparación de los estados
financieros respectivos.
d) Según el Informe del Resultado Contable, el tiempo para llevar a cabo el proceso
de consolidación y la presentación de los estados respectivos, es limitado.
e) Algunas de las entidades adscritas no fueron consolidadas. En el informe de los
Estados Financieros Consolidados del período 2009, se señala que para el caso
de los órganos desconcentrados, que un 95% de los entes se consolidaron.
f) En los estados financieros consolidados del año 2009, la Contabilidad Nacional
incorporó información relacionada con la eliminación de partidas recíprocas de
cuentas por cobrar y cuentas por pagar, en las que existen diferencias entre la
información del Ministerio de Hacienda y algunos entes consolidados, lo cual
no debe ocurrir para un proceso correcto de consolidación de los estados
financieros.
g) Existen diferencias entre el valor en libros de la partida de bienes duraderos que
se presenta en el Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2009 y
valor en libros de los bienes reportado en el Informe Anual de Bienes de la
Administración Central, lo cual pone de manifiesto la necesidad de que la
Contabilidad Nacional, como ente rector, emita una directriz que obligue a las
entidades adscritas a realizar conciliaciones periódicas, y al final de cada
ejercicio, de los bienes duraderos reconocidos en sus registros contables con los
registrados en el SIBINET y que verifique su observancia oportunamente.
Finalmente, en el tema del proceso de implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP), no obstante iniciativas desarrolladas por la
Administración, la implementación de NICSP no ha sido efectiva y se prevé una vez más una
extensión del plazo para su entrada en vigencia, lo cual a su vez está condicionado por
situaciones cuya solución requerirán de tiempo e inversión de recursos adicionales, todo lo
cual debe ser revisado a profundidad por las autoridades del Ministerio de Hacienda, con el