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proyectos y programas esenciales para el país, dirigidos a mejorar las condiciones de la
población en materia de alimentación, salud, vivienda, educación, desarrollo comunal y
brindar atención integral a la niñez, adolescencia y adultos mayores; o bien, para apoyar o
impulsar actividades que se consideran de interés público, por lo que el sector privado
se ha
convertido en un aliado o socio estratégico del Estado y sus instituciones en el cumplimiento
de sus fines.
En los últimos años se ha dado un crecimiento notable en el monto de recursos que se
transfieren y en la cantidad de entes privados receptores y ejecutores. Por ejemplo, de los
datos con que se cuenta, de 2003 a 2008, el monto efectivamente girado tuvo un crecimiento
nominal de 215%. No obstante, estudios realizados por la Contraloría General revelan
deficiencias significativas en los procesos de planificación, asignación y control por parte de
las instituciones públicas concedentes, en detrimento de la agilidad y efectividad de los
programas para brindar soluciones efectivas a las múltiples necesidades sociales, y de la
transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los dineros concedidos.
La diversidad de leyes que autorizan transferencias de recursos públicos al sector privado y la
gran cantidad de instituciones que utilizan este mecanismo de gestión para cumplir sus fines,
exigen una mayor coordinación entre ellas, un fortalecimiento de la gestión de las rectorías
existentes y un ordenamiento integral de la gestión estatal que permita el adecuado
direccionamiento de los recursos en beneficio del interés común.
El modelo de “Administración Concedente” debe entenderse como un instrumento de
gestión pública, que le permite al Estado costarricense otorgar a entes privados la facultad
de proveer servicios públicos en su nombre, para la satisfacción de los derechos y necesidades
de los ciudadanos, en el marco de las políticas públicas y en cumplimiento de los procesos
de planificación, dirección, coordinación, asignación de recursos, regulación, control y
evaluación, que son responsabilidad del mismo Estado.
Entre 2003 y 2008, 89 instituciones públicas transfirieron ¢301.655,1 millones, a 3.165
entidades privadas para la atención de diferentes fines públicos. Las instituciones públicas
del Sector Social y Lucha contra la Pobreza son las que más transfieren recursos a
organizaciones privadas, alcanzando el 79% del total de transferencias giradas al sector
privado. Pese al crecimiento año con año quedan recursos sin girar, lo que refleja debilidades
en la gestión institucional que no permiten traducir la planificación y la presupuestación en
beneficios a la ciudadanía.
El país no dispone de una política nacional que regule la participación del sector privado en
la prestación de servicios públicos. Gran cantidad de normativa establece diferentes fuentes
de financiamiento, pero no visualiza parámetros uniformes para la organización y
direccionamiento articulado de los recursos hacia lo apremiante, o generan al Estado gran
inflexibilidad para dirigir los recursos. Igualmente hay leyes que expresan porcentajes fijos a
transferir y autorizan a diferentes instituciones públicas el traslado de recursos para atender
necesidades de idénticos segmentos de población.
La sujeción a los principios constitucionales de rendición de cuentas y evaluación hacen que
el ente público concedente sea responsable del uso y destino de los recursos, y de los