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de las demandas sociales; mayor equilibrio entre la estabilidad económica del país y la
asignación y distribución de los recursos públicos; y armonizar las decisiones de corto plazo
con las de mediano y largo plazo. Estos procesos han sido objeto de profusa regulación
jurídica: constitucional, legal y reglamentaria; inclusive administrativa y jurisprudencial.
También en la práctica se observa un amplio desarrollo en materia de sistemas, instrumentos
y procedimientos atinentes a su ejercicio. No obstante esta estructura normativa, la realidad
de este proceso no cumple óptima y eficientemente con las aspiraciones legales
Los desafíos de mayor relevancia se refieren a implementar una planificación con visión de
conjunto y largo plazo; lograr la verdadera articulación de la planificación y la presupuestación;
y fortalecer y asegurar una verdadera gestión pública orientada a resultados.
La planificación de largo plazo plantea la necesidad de un análisis y decisiones del más alto
nivel en torno al tema del financiamiento de las estrategias y planes que de ella se derivan,
abarcando aspectos tan significativos como el de la carga tributaria, la política de
endeudamiento, el papel de las iniciativas de asociación público-privadas y el tema de la
organización del Estado.
La deficiente articulación de la planificación y el presupuesto que se observa en nuestro país
obedece, en última instancia, a una ubicación separada, a nivel ministerial, de las respectivas
funciones de rectoría. Consecuentemente, el fortalecimiento de esta articulación plantea la
necesidad de una participación directa y decidida por parte de la Presidencia de la República
y de los ministros rectores sectoriales, así como de una coordinación muy estrecha entre
MIDEPLAN (rector del Sistema Nacional de Planificación) y el Ministerio de Hacienda (rector
del Sistema de Administración Financiera) en el curso de los procesos de planificación y
presupuestación.
La gestión pública orientada a resultados supone la existencia de mecanismos para establecer
con claridad los resultados a obtener por parte de sectores e instituciones, en el contexto de
un sistema de evaluación dotado de mecanismos de verificación y de indicadores bien
diseñados que incluso permitan incursionar en el tema de los costos. A todo ello debe
agregarse un sistema ágil y efectivo de establecimiento de responsabilidades y de las
respectivas sanciones y acciones correctivas -incluso incentivos-, complementado con una
estrategia de potenciación de la capacidad gerencial y ejecutiva de los funcionarios públicos.
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Transferencias de recursos públicos bajo el modelo de
administración concedente: debilidades y retos
Desde hace varios años, el Estado costarricense ha venido asignando y trasladando a
organizaciones de naturaleza jurídica privada, una importante cantidad de recursos
financieros para la atención de diversos fines públicos. Esas organizaciones normalmente
son entidades sin fines de lucro.
La participación de tales organizaciones como coadyuvantes en la gestión pública, se ha ido
consolidando con los años, mediante la promulgación de diversidad de leyes que autorizan
la asignación de recursos al sector privado, por parte de las instituciones públicas del sector
centralizado y descentralizado, con el fin de promover, impulsar, fortalecer y ejecutar