En los últimos 25 años la juventud en Costa Rica ha sido foco de atención y discusión política. El país ha incrementado la institucionalidad dirigida a este sector así como los instrumentos jurídicos y programas específicos para atender sus necesidades fundamentales de educación y empleo.
Sin embargo, este crecimiento no ha sido ordenado. Las instituciones que ejercen rectoría técnica no tienen potestad jurídica para exigir cuentas a las otras instituciones involucradas, los riesgos de duplicidad de funciones están latentes y las dificultades para la coordinacón son una constante.
Lo anterior, aunado a los vacíos de dirección y coordinación política del Poder Ejecutivo, que no ha asumido la publicidad de la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019, para otorgarle un carácter vinculante y directo en la gestión de los diferentes actores.
Las "soluciones" se han enfocado en la capacitación, cuyo acceso ha sido por demanda de los interesados, sin criterio de riesgo para la asignación de los recursos y sin una política integral que considere desde el reforzamiento de la educación secundaria hasta la inversión económica y la articulación de la acción institucional pública en las zonas críticas.
Resulta evidente la apatía del Estado con respecto a algunos cantones del país, principalmente periféricos, que tienen más del 26% de su población joven fuera del sistema educativo y del trabajo, además de un bajo índice de desarrollo social, poca variabilidad en la oferta educativa y muy baja o nula cobertura de los programas dirigidos a los jóvenes.
Como instrumentos para la disminución de la desigualdad en el país, la inversión de las transferencias condicionadas debe planificarse estratégicamente, con claridad de los resultados a los que se aspira, y con indicadores que permitan monitorear el desempeño.
