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La legislación sobre la zona marítimo terrestre requiere cambios
urgentes
La administración y ocupación de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), declarada Patrimonio
Nacional, constituye uno de los temas más vulnerables en el desarrollo de las zonas costeras
costarricenses, tal como lo evidencian una serie importante de estudios que sobre este tema
han realizado diferentes entes públicos y privados, incluida la Contraloría General.
Este bien público (la ZMT) exige atención especial, pues presenta relevantes limitaciones en
sus procesos de ocupación y uso -señalados en otras ocasiones al Congreso de la República-,
como consecuencia de las debilidades que muestra el sistema institucional responsable de
este Patrimonio, y de manera medular y estructural, por estar inmersa en un marco normativo
que no responde, en muchos casos, a las exigencias actuales a que está sometido el país en
temas de desarrollo económico, social y ambiental, lo que también ha sido planteado por
este órgano contralor. Este contexto, ha puesto en entredicho el fundamental balance entre
desarrollo económico, ambiental y social, lo que es de prioritaria atención legislativa.
Esta es una conclusión general a la que ha llegado la Contraloría General por medio de su
proceso de fiscalización, aunque no de manera exclusiva, pues con ella se recoge además,
los planteamientos de diversos grupos de expertos, actores públicos y privados, los que,
convocados por el órgano contralor, han venido advirtiendo de igual manera los importantes
y visibles signos de deterioro de la zona, que trascienden a los campos económico, social y
ambiental de las comunidades costeras.
La mayor parte de los problemas que afectan la ZMT están relacionados con la ausencia de
planificación integral y sostenible del uso del bien; la preservación de áreas de conservación
natural; y las ambigüedades institucionales en el establecimiento de funciones y competencias;
así como, de los procesos, normas y procedimientos para la administración, uso, control y
vigilancia de esta porción del territorio nacional.
Esta problemática ha movido a la Contraloría General de la República a redefinir
estratégicamente desde el año 2004, la evaluación de la situación de la ZMT, lo que ha
producido una serie de estudios de fiscalización posterior, que involucran diversas instituciones
del nivel central y gobiernos locales.
Complementariamente, y siempre conforme a sus potestades legales y constitucionales, ha
promovido acciones ante instancias judiciales con un firme propósito de defensa de la
soberanía y rescate del Patrimonio Natural del Estado (PNE) comprometido o en riesgo de
estarlo, ubicado en la ZMT y se ha pronunciado ante la consulta de los señores y señoras
diputados respecto de diversos proyectos de ley relacionados con esta temática.
Asimismo, ha sometido al escrutinio ciudadano la problemática de la administración y
aprovechamiento de este territorio por medio de encuentros ciudadanos, que han contado
con la participación de personeros públicos, investigadores, académicos, desarrolladores y